clip_image002La evolución del desempeño del Juez en nuestra sociedad viene marcada por una constante e incisiva presión política-social. En donde el Juez se luce por su mera y llana actuación mecanicista a través del Derecho, desde el siglo XIX; de allí que su papel fuera conocido como “boca de la ley”: es decir, que su rol se reduce a expresar lo que se encuentra escrito en el ordenamiento jurídico y plasmarlo en los casos concretos.

Sin embargo, hasta hoy en día, el Juez ha ido posicionándose ya no como un instrumento más; sino como una pieza fundamental para el accionar judicial en nuestro país. El Juez, a través de sus decisiones por medio de las sentencias, empieza a “crear” Derecho, comienza a ir más allá de lo que la norma jurídica dictamina, para empezar a ejercer un poder –rol- propio del Estado Constitucional de Derecho.

Ante ello, es responsable saber bajo qué límites la razonabilidad del Juez, al ejercer el Derecho, responde y se enmarca. Para ésto, resulta válido tener en cuenta que el análisis parte de una visión “introspectiva” y por lo mismo preguntarnos: ¿qué tipo de racionalidad por parte de los Jueces, es la que se acepta –espera- en el ámbito jurídico, en un Estado constitucional de Derecho? Y a raíz de ésta: ¿Cuál es el margen de este correcto o debido razonamiento para la respuesta a determinados casos?

La respuesta es clara y directa. En un primer punto tenemos que cada acción u omisión del Juez debe ser justificada; es decir, ya no hay un tema de subjetivismos ni apreciaciones por parte de éste, sino uno de justificación, de tal forma que nos respondamos el porqué de la decisión, como buena en sí misma. En un segundo punto, vemos que ésta –acción u omisión- debe ser conducente a una finalidad con arreglo a fines; entendidos como un valor, una apreciación compartida por la sociedad, por todos. Ambos puntos deben obedecer a razones de primer orden, plasmados como principios en el ordenamiento jurídico.

Las razones de primer orden existen institucionalmente y están adscritas en el ordenamiento jurídico. Los fines que se persiguen en la decisión son admisibles si van de acuerdo con estas razones. Con ellas nos responderemos ¿para qué nos sirve la sentencia? ¿Para qué nos fue dada? Los Jueces tendrán que dejar de valorar subjetivamente para no incurrir en lo “injusto”, y por lo mismo en la “ineficiencia”, ya que de lo contrario se estarían desvinculando de la justicia, de estas razones propiamente.

 

CASO: Brown vs. Board of Education

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