La Motivación judicial

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clip_image001Como habíamos visto en el post anterior, el rol que desempeña en Juez hoy en día en nuestra sociedad va más allá de lo que la ley y el Estado dictaminan. Pasó de ser “boca de la ley” a enrumbarse en un papel activista dentro del marco de un Estado democrático constitucional de Derecho. Ante ello, la Motivación judicial se presenta como una herramienta para el control y límite a este “activismo”.

La Motivación judicial es aquel conjunto de razones y/o argumentos mediante los cuales el Juez, a través de su sentencia, explica y da a conocer su decisión sobre un determinado caso. Las funciones de esta motivación judicial adquieren una diversidad de enfoques, tal es así que si el Juez pretende dar una explicación constitucional de su decisión, ésta debería mantener esa misma línea, de tal forma que el hilo argumentativo sea de común entender y no nos “maree”. Asimismo, éstas, según la doctrina, atienden a una diversidad de efectos dentro y fuera del proceso, en ese sentido, la motivación se embarca en un rol dentro del marco de una democracia constitucional.

Es así que, a partir de una perspectiva Endoprocesal se encuadra un modelo de Juez funcionario, asumido por los ordenamientos continentales. El control de éste, lo permite un ámbito político burocrático sobre el producto de su actividad jurisdiccional. En tal sentido, desde esta perspectiva, se permite la observancia subjetiva (por el lado de las partes) e institucional (a través de los órganos estatales de control, para el caso peruano podríamos mencionar como ejemplo al Consejo Nacional de la Magistratura). Por otro lado, tenemos una perspectiva Extraprocesal mediante la cual el control se ejerce a través del impacto de la sentencia a nivel social (a partir de ahí se miden los niveles de aceptación del Poder Judicial por la sociedad), el control del pueblo en cuyo nombre la sentencia se da.

Finalmente, de lo dicho hasta este momento, podemos desprender que los destinatarios de la Motivación obedecen a dos esferas, la primera de ellas es la de un auditorio Técnico conformado por las partes, los sujetos en el proceso y los jueces que lo guíen; y, por otro lado, tenemos un auditorio General, integrado por la opinión pública, por la sociedad. Es por ello que la Motivación, desde un punto de vista jurídico, deberá contener una justificación de legitimidad, plasmada en el ordenamiento, y conjuntamente una de valores sociales.

 

CASO: 037-2007-PCNM

Los límites del razonamiento judicial

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clip_image002La evolución del desempeño del Juez en nuestra sociedad viene marcada por una constante e incisiva presión política-social. En donde el Juez se luce por su mera y llana actuación mecanicista a través del Derecho, desde el siglo XIX; de allí que su papel fuera conocido como “boca de la ley”: es decir, que su rol se reduce a expresar lo que se encuentra escrito en el ordenamiento jurídico y plasmarlo en los casos concretos.

Sin embargo, hasta hoy en día, el Juez ha ido posicionándose ya no como un instrumento más; sino como una pieza fundamental para el accionar judicial en nuestro país. El Juez, a través de sus decisiones por medio de las sentencias, empieza a “crear” Derecho, comienza a ir más allá de lo que la norma jurídica dictamina, para empezar a ejercer un poder –rol- propio del Estado Constitucional de Derecho.

Ante ello, es responsable saber bajo qué límites la razonabilidad del Juez, al ejercer el Derecho, responde y se enmarca. Para ésto, resulta válido tener en cuenta que el análisis parte de una visión “introspectiva” y por lo mismo preguntarnos: ¿qué tipo de racionalidad por parte de los Jueces, es la que se acepta –espera- en el ámbito jurídico, en un Estado constitucional de Derecho? Y a raíz de ésta: ¿Cuál es el margen de este correcto o debido razonamiento para la respuesta a determinados casos?

La respuesta es clara y directa. En un primer punto tenemos que cada acción u omisión del Juez debe ser justificada; es decir, ya no hay un tema de subjetivismos ni apreciaciones por parte de éste, sino uno de justificación, de tal forma que nos respondamos el porqué de la decisión, como buena en sí misma. En un segundo punto, vemos que ésta –acción u omisión- debe ser conducente a una finalidad con arreglo a fines; entendidos como un valor, una apreciación compartida por la sociedad, por todos. Ambos puntos deben obedecer a razones de primer orden, plasmados como principios en el ordenamiento jurídico.

Las razones de primer orden existen institucionalmente y están adscritas en el ordenamiento jurídico. Los fines que se persiguen en la decisión son admisibles si van de acuerdo con estas razones. Con ellas nos responderemos ¿para qué nos sirve la sentencia? ¿Para qué nos fue dada? Los Jueces tendrán que dejar de valorar subjetivamente para no incurrir en lo “injusto”, y por lo mismo en la “ineficiencia”, ya que de lo contrario se estarían desvinculando de la justicia, de estas razones propiamente.

 

CASO: Brown vs. Board of Education